El 22 de diciembre de 1997, un grupo de más de 100 individuos irrumpieron un templo religioso de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó en Chiapas, asesinaron despiadadamente y por la espalda a 45 indígenas tzotziles, la mayoría mujeres y niños. A pesar de que la masacre duró más de 7 horas, el retén federal acuartelado a pocos kilómetros del lugar, se presentó hasta el día siguiente y destruyó todas las pruebas. La Procuraduría General de la República (PGR) “encontró” culpables a un grupo de indígenas en calidad de “autores materiales” y a algunos policías que habían facilitado las armas. En el 97 con Ernesto Zedillo y hoy con Felipe Calderón, el Estado mexicano ha querido mostrar la masacre como un conflicto entre indios bárbaros; los medios de comunicación e intelectuales afines al PRI y al PAN encabezados por Héctor Aguilar Camín, venden el mensaje de que se enfrentaron zapatistas católicos con antizapatistas evangélicos; pero no explican por qué, luego de 7 horas de tiroteo, todas las víctimas pertenecían a un mismo bando (Las Abejas), 15 niños, 21 mujeres (4 embarazadas) y 9 hombres.
Los sobrevivientes de la masacre, familiares y vecinos, todos pertenecientes a la Asociación Civil de Las Abejas (comunidad indígena pacifista, no zapatista pero sí simpatizante) han señalado, una y otra vez, que fueron atacados por un grupo de paramilitares afines al gobierno y que, entre los detenidos, reconocen a algunos autores materiales; la única prueba que tienen es su palabra, esa, para la justicia mexicana, no vale; la escena del crimen y las pruebas materiales desaparecieron, se alteraron, se fabricaron. Por su lado, los zapatistas, denunciaron públicamente, reiteradas veces, que las comunidades indígenas chiapanecas (zapatistas o no), estaban siendo acosadas por grupos afines al gobierno con el único objeto de hacer parecer, ante la opinión pública, que en la zona existía un conflicto indígena y que era necesaria la intervención militar. Días antes de la masacre, el periodista Ricardo Rocha presentó, en televisión, un reportaje en el que advertía que el gobierno de Ernesto Zedillo estaba preparando un golpe para desvirtuar y aplastar al EZLN –trabajo periodístico que le costó la chamba en televisa.
Lo anterior explica por qué policías habían facilitado armas, por qué el retén cercano no intervino aquel día, por qué, cuando se aparecieron, fue para borrar las evidencias. Había sido un crimen de Estado. El juicio a los detenidos estuvo plagado de irregularidades, se fabricaron pruebas y se violó el principio de presunción de inocencia. -¿En este país?-
A 12 años de este crimen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el caso y el pasado 12 de agosto tomó la controvertida decisión de conceder el amparo “liso y llano” (absolutorio) a 20 acusados de la masacre de Acteal, y no un amparo “para efectos” que, como afirma Carlos Montemayor, “con más lógica y equidad hubiera obligado a reponer el procedimiento y subsanar las irregularidades posibles o reales del proceso” (está por repetir la dosis con otros 30 detenidos).
¿Todos los detenidos son culpables?, ¿todos son inocentes? Dice Miguel Ángel Granados Chapa en la revista Proceso, que no lo sabremos ya que la Corte no impartió justicia penal, sólo concedió los amparos “porque las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita, (…) sólo se demostró que el Ministerio Público que los acusó y la justicia que los condenó actuaron en forma ilegal”
Quienes impulsaron el juicio de amparo en beneficio de los detenidos (el CIDE, Alternativa Ciudadana –del académico y periodista Ricardo Raphael- y la revista Nexos –de Héctor Aguilar Camín) afirman que eligieron el Caso Acteal para demostrar públicamente, “el pésimo estado de la procuración de justicia en México”. La Suprema Corte, emitió un juicio sobre la forma en la que se procesó a los detenidos, sin importar si son culpables o no, sin ordenar averiguaciones que determinen quiénes son los autores materiales, pero sobre todo, intelectuales de la masacre.
No se critica que el CIDE haya demostrado que en México se fabrican delitos con pruebas ilícitas, tampoco que la Suprema Corte haya resuelto que la PGR, jueces y magistrados violaron las garantías procesales para sentenciar a los detenidos; transparencia y legalidad en los procesos son importantes para que exista un Estado de Derecho; lo alarmante es que ambos hayan olvidado los derechos humanos y garantías fundamentales de las víctimas, familiares y testigos sobrevivientes; no se hizo justicia. Se perdió la oportunidad juzgar un crimen de lesa humanidad. Existe la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atraiga el caso; desde su perspectiva, las personas, los seres humanos, son más importantes que los trámites burocráticos.
A ver qué día de estos el CIDE, Alternativa Ciudadana o la revista Nexos, hoy paladines de la justicia en México, toman el caso de Atenco, en el que los sentenciados purgarán penas de hasta por 102 años sin haber disparado una sola bala; el de Jacinta, la indígena acusada y sentenciada a 21 años de prisión por haber secuestrado a 6 integrantes de la AFI; el de los hermanos Cerezo, Lydia Cacho, Guerra Sucia, la represión en Oaxaca, y un eterno etcétera.
